Este libro aborda dos objetivos: analizar las conexiones entre el funcionamiento de los mercados de carbono (MC) y la capacidad del Estado colombiano, y reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones de la ""judicialización verde"", entendida como la estrategia que privilegia el rol del poder judicial en la resolución de los conflictos socioambientales, como aquellos derivados de los MC. El texto plantea que, si bien los MC en principio ofrecen incentivos para la conservación medioambiental, ellos han sido duramente cuestionados, entre otras razones, por las violaciones de derechos humanos que traen para las comunidades encargadas de la conservación.
Con el fin de explorar cómo se materializan los riesgos de los MC, el libro estudia el caso de un proyecto de carbono en un territorio indígena del municipio de Cumbal (Nariño, Colombia). Este caso ejemplifica los problemas de los MC en el contexto colombiano, caracterizados por la baja capacidad infraestructural del Estado en las periferias, así como por la débil voluntad política para regular y controlar los MC (especialmente cuando de comunidades étnicas se trata). El caso de Cumbal también es un escenario útil para mostrar que la vía judicial tiene potencialidades transformadoras, pero también tiene limitaciones pues abre la puerta a la cara represiva de la justicia y no siempre consigue satisfacer los reclamos de las comunidades afectadas. El texto concluye, pues, que es necesario complementar las estrategias judiciales con otras de incidencia política y acompañar a las comunidades locales en la defensa de sus derechos y territorios.